Tras el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei comenzó a delinear la estrategia legal con la que buscará sostener la norma en los tribunales.

La presentación judicial de la central sindical se realizó pocas horas después de que la ley fuera promulgada. En la Casa Rosada anticipaban desde hace semanas que el proceso de judicialización era inevitable, por lo que habían planificado la conformación de un equipo legal dedicado exclusivamente a contrarrestar los recursos que intenten bloquear la aplicación de la legislación.

Aunque el Ministerio de Justicia atraviesa un recambio de autoridades, la coordinación de la defensa quedará ahora bajo la órbita del nuevo titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques. Desde el Gobierno aclararon que el trabajo se realizará de manera articulada con otras áreas del Estado. “La estrategia depende de ellos, principalmente, aunque va a seguir habiendo coordinación”, señalaron desde la anterior conducción del ministerio a Infobae.

El amparo de la CGT fue presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico. La central sindical busca que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el planteo de la CGT, la medida incluida en la ley sancionada durante las sesiones extraordinarias no cumplió con los requisitos constitucionales. Además, advierte que podría provocar un colapso judicial y generar incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales. La organización sindical anticipó que también evalúa presentar nuevas medidas cautelares en tribunales de primera instancia y en el fuero laboral.

En paralelo, dentro del Gobierno sostienen que la reforma deberá defenderse a partir de una estrategia conjunta entre distintas áreas. Además del Ministerio de Justicia, tendrá un rol relevante la Procuración General del Tesoro, que reúne a los abogados del Estado. En ese organismo fue designado como nuevo titular el ex secretario de Justicia Sebastián Amerio.

Antes del recambio en la cúpula del Ministerio de Justicia, la planificación también incluía a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, encabezada por María Ibarzabal Murphy. En ese momento, el esquema estaba coordinado bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde sectores cercanos al oficialismo ya anticipaban el escenario judicial. “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte”, habían señalado semanas atrás desde despachos vinculados a la estrategia.

Entre los puntos más sensibles de la reforma laboral, y que podrían convertirse en eje de nuevas demandas judiciales, el oficialismo identifica la prioridad otorgada a los convenios de empresa por sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos y la redefinición del cálculo de las indemnizaciones.

A esto se suma la decisión de transferir la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, un tema que genera tensiones institucionales. La disputa por el control de los tribunales laborales se arrastra desde la reforma constitucional de 1994.

Mediante el Decreto 95/2026, el Gobierno autorizó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos para concretar el traspaso del fuero laboral. La CGT considera irregular esa decisión al sostener que no intervino la Comisión Bicameral correspondiente.

El conflicto no se limita al enfrentamiento entre el Ejecutivo y los sindicatos. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo de la reforma. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno porteño, entre ellos el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, manifestaron su intención de que la eventual transición del fuero laboral se realice de manera ordenada.

Pese a la ofensiva sindical, en el entorno de Milei confían en que la reforma superará el examen judicial. Para sostener esa postura se apoyan en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron reorganizaciones del fuero laboral porteño.

Uno de los involucrados en la estrategia oficial aseguró: “Van a intentar discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”.

Mientras tanto, la CGT mantiene su presión con movilizaciones y la advertencia de nuevos paros. Desde el Gobierno insisten en que la modernización del sistema laboral “es irreversible”.

“Juan Bautista llegó hace muy poco tiempo, pero ya está en autos de que es un tema de especial prioridad para el Presidente”, comentó una fuente con acceso directo al despacho de Milei.